El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha planteado de oficio cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que en octubre de 2015 expropió los derechos de ejecución de la sentencia que 13 años antes había ordenado, por nulidad de la licencia de obras, la demolición de la Biblioteca Pública del Estado en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas ha paralizado el incidente de ejecución de la sentencia, al considerar posible que la disposición adicional de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, mediante la cual el Ejecutivo expropió los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con el derribo, vulnere los derechos constitucionales consagrados, entre otros, en el artículo 118 de la Carta Magna (obligación de los poderes públicos a respetar la resoluciones judiciales), el 9.3 (principio de interdicción de la arbitrariedad),  el 33.3  (la expropiación ha de hacerse de conformidad con las leyes) y el principio de separación de poderes, «al impedir al Poder Judicial el ejercicio de sus funciones», señala el auto que plantea la cuestión de inconstitucionalidad.