La Comisión mixta para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de servicio público en el transporte aéreo interinsular, se reunió ayer día 26 de julio en el Ministerio de Fomento, en Madrid, con el objetivo de tratar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y la evaluación de los efectos de la huelga del SEPLA en la compañía BINTER CANARIAS S.A.

A dicha reunión asistieron por el Ministerio de Fomento, el Director General de Aviación Civil, Manuel Bautista y la subdirectora, Eugenia Llorens. En representación del Gobierno de Canarias, lo hizo el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes Gregorio Guadalupe, la Directora General de Transportes, Rosa Dávila y la Jefa del Servicio de Transporte Marítimo y Aéreo, Anunciación González Pinto

El primer punto tratado fue el cumplimiento de las obligaciones, respecto al cual, el Director General de Aviación Civil, informó que respecto a los primeros seis meses de 2007 la demanda los usuarios del transporte aéreo interinsular en los seis primeros meses del año, ha aumentado en un 4'5%, pasando de 1.534.103 pasajeros a 1.603.512, en relación al mismo periodo de 2006. El porcentaje ha sido similar en las dos compañías que operan en Canarias, Binter e Islas.

Respecto al comportamiento de la oferta, se informó que, en términos de frecuencia, ha disminuido ligeramente debido a la reducción de oferta de la compañía Islas, lo que le ha permitido incrementar su nivel de ocupación.

En lo que se refiere a retrasos y cancelaciones, se constató que en los primeros seis meses, los parámetros de puntualidad (90% en la cota de 15 minutos establecida en las OSP) e índice de cancelaciones por causas imputables a la compañía, (1'5% de los vuelos programados) satisfacen ampliamente los parámetros establecidos en las obligaciones de servicio público, salvo en el mes de junio por causas imputables a la huelga.

También se trató el programa de vuelos para la temporada de verano de 2007. En este sentido, la oferta de las compañías que operan en el transporte interinsular superan ampliamente, tanto en frecuencia como en asientos lo establecido como obligaciones de servicio público.

Con respecto al sistema tarifario, se informo en la comisión mixta que todas las compañías ofrecen tarifas medias por debajo de la tarifa máxima establecida en la obligación de servicio público, se aprecia en los ingresos medios de las compañías la aplicación de tarifas promocionales de carácter estrictamente comercial.

En la evaluación histórica de los datos se ve una progresión positiva tanto en la oferta como en la demanda. Desde que se declarara de obligación de servicio público el transporte aéreo en la rutas Canarias, se ha pasado de una oferta de vuelos en 1999 de 36.098 anuales a 68.896 en 2006, en cuanto a oferta de asientos se ha pasado de 1.899.292 a 2.418.556 asientos ofertados por los distintos operadores.

Y el dato más importante se ha pasado de una demanda de pasajeros de 1.899.292 en 1.999 a 3.377.741 pasajeros en 2006, es decir, un incremento de un 83% de pasajeros en los últimos ocho años, progresión ascendente en cada uno de los años.

Al pasar al otro gran punto importante de la reunión, la huelga del sindicato de pilotos SEPLA en la compañía Binter, el Ministerio de Fomento informo a la Comisión Mixta que desde el momento del inicio de la huelga se ha estado haciendo un seguimiento diario y una evaluación diaria de los efectos de la misma.

Ante todo, desde el punto de vista estrictamente laboral, el Ministerio de Fomento ha dictado las correspondientes Ordenes ministeriales en las que se han protegido con el 100% de los vuelos en los que Binter Canarias es la única operadora, permitiendo el derecho al ejercicio de la huelga en las rutas en las que opera además Islas Airways, o en las internacionales.

Las Ordenes no indican los vuelos que han de cancelarse en esas rutas en las que prestan servicio otros operadores, sino que fija el porcentaje mínimo (25% en junio y 20% en julio, agosto y septiembre) de trabajadores de la plantilla de pilotos de Binter que siguen la huelga.

Del informe presentado por Aviación Civil se deduce del análisis de los 60 días de huelga los vuelos operados por ambas compañías mayoritarias en las rutas de OSP superan el cómputo global del acuerdo del Consejo de Ministros sobre Obligaciones de Servicio Público.

De los 142 vuelos diarios establecidos como OSP se han operado entre un mínimo de 148 a un máximo de 177, aunque se hayan cancelado con respecto al programa presentado por la Compañía Binter Canarias y aprobado por la Dirección General de Aviación Civil para la temporada de verano, una media de 26 vuelos diarios (18% del total de vuelos), con un mínimo de 20 vuelos y un máximo de 40.

En la comisión mixta se puso de manifiesto que sin duda el mayor efecto negativo, aparte de la reducción de oferta por el ejercicio del derecho a huelga de los pilotos, se está reflejando en la calidad de los servicios de los vuelos operados, en términos de puntualidad en la cota permitida de los 15 minutos de retraso, que ha caído de forma excepcional lo que sin duda genera la mayor molestia para el pasajeros.

De los datos proporcionados por Aena, la puntualidad en dicha cota para los vuelos de salida ha variado de un mínimo de un 39% de puntualidad con una medida de 30 minutos de retraso hasta un máximo de un 80% de puntualidad con una media de retraso de 7 minuto, lo que hace que para el conjunto de los días de huelga la media de retraso sea de 19 minutos de retraso por vuelo y un 61% de puntualidad.

Finalmente, La Comisión mixta acordó instar a las partes al dialogo y la negociación para llegar a un acuerdo lo antes posible y continuar en la labor de observación y seguimiento de la huelga en cuanto al cumplimiento de los parámetros establecidos en las obligaciones de servicio público y el de las Ordenes ministeriales de servicios mínimos.

Así mismo, se ha acordado, que si de la evolución de la huelga en los próximos días se dedujeran que se dan determinados parámetros para intervenir, la comisión mixta se dirigiría a la autoridad laboral, que según el Real Decreto Ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo, dispone en su artículo 10 que teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía, se podrá establecer un arbitraje de carácter obligatorio.

En dicho supuesto, la autoridad laboral es el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de una competencia exclusiva estatal y la actividad sobrepasa el territorio autonómico (los servicios mínimos han sido dictados también para vuelos internacionales con el Magreb).

La doctrina fija que para ello debe existir un incumplimiento grave de los servicios mínimos fijados para que la Administración sea proclive a la institución del arbitraje obligatorio, que deberá imponerse cuando las circunstancias de duración, posición de las partes y perjuicio de la economía nacional se den de forma acumulativa.