La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial trasladó a Madrid el pasado mes de junio los informes que lo refrendan

Se rechazó el requerimiento de Costas que pretendía anular el acuerdo de la COTMAC en el que se establece esta declaración para Almáciga, Roque de las Bodegas y El Tachero.

Los informes remitidos a Costas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias establecen que los núcleos de Almáciga, El Tachero y Roque de las Bodegas, en el litoral tinerfeño de Anaga, cuentan con características de consolidación propias del suelo urbano con anterioridad al 29 de julio de 1988 (momento de entrada en vigor de la Ley de Costas), por lo que la anchura de la servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre debió haber sido fijada en veinte metros por este organismo estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

A fin de rechazar el requerimiento formulado por la Administración General del Estado (Dirección General de Costas), de fecha 12 de abril de 2007, para la anulación del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) del 6 de febrero de 2007, por el que se declaran áreas urbanas estos asentamientos, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, y el viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Pulido, tuvieron un encuentro el pasado mes de junio en Madrid con el Director General de Costas, José Fernández, y con el Delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, en el que se instó a Costas a rectificar la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre al límite exterior (más próximo al mar) de los mencionados asentamientos.

A este respecto, la delegación canaria trasladó a la Administración del Estado los informes elaborados por los servicios técnicos y jurídicos de la Comunidad Autónoma en los que se basó la COTMAC para declarar estos asentamientos rurales como áreas urbanas.

En interpretación de la COTMAC, a efectos de la aplicación de las disposiciones transitorias 3ª.3 y 4ª de la Ley de Costas, en relación con la disposición transitoria 9ª del Reglamento de Costas, se considerarán los asentamientos rurales como suelo urbano, siempre que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas (29/07/1988), estuvieran declarados como tales en el planeamiento municipal o reunieran las características de un asentamiento rural, encontrándose, en dicha fecha, en alguna de las siguientes situaciones fácticas:
En primer lugar que los terrenos comprendidos en el asentamiento contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.

Igualmente, que los terrenos comprendidos en el asentamiento estuvieran consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, si el municipio en el que se ubicara el asentamiento tuviera en esa fecha planeamiento general en vigor.

Finalmente, una tercera situación es la relativa a que estos suelos estuvieran consolidados por la edificación al menos en la mitad de su superficie, si el municipio en el que se ubicara el asentamiento no tuviera en esa fecha planeamiento general en vigor.

En este sentido, los núcleos poblacionales citados cuentan con abastecimiento de agua potable y saneamiento (salvo Tachero) desde el año 1980; alumbrado público desde el año 1970 y acceso rodado desde la existencia de los mismos. Según informe de la propia Demarcación de Costas en Tenerife emitido en el procedimiento de deslinde del tramo de costa entre el Barranco de Benijo y el Callao de Tachero, se consideró suficientemente probado el "carácter urbano de los asentamientos de Almáciga y Roque de Las Bodegas (no así el de Tachero) a la entrada en vigor de la Ley de Costas, reduciéndose en consecuencia la anchura de la servidumbre de protección de 100 metros hasta adaptarla a los límites de los suelos mencionados".

Por otra parte, el pasado 15 de febrero la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial comunicó a la Demarcación de Costas de la Administración General del Estado en Tenerife el acuerdo de referencia.

Cabe recordar que el primer instrumento efectivo para proceder a la legalización de las viviendas que están dentro de los asentamientos es el documento del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Rural de Anaga, que fue aprobado definitivamente en julio de 2006, y en donde aparece recogida la línea de servidumbre de estos núcleos en los 20 metros.

Este documento, que ha sido aprobado incorporando más del 70 por ciento de las alegaciones presentadas, también da respuesta a las viviendas aisladas que hay en la zona, puesto que quedan como viviendas legales fuera de ordenación y se les permite realizar obras de conservación y mantenimiento e incluso de ampliación por razones de habitabilidad.