Acordado hoy en Consejo de Gobierno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado la imposición de un arbitraje obligatorio para acabar con la huelga de ambulancias iniciada el 18 de abril de 2007.

Ante la evidente falta de entendimiento entre las partes en conflicto y la gravedad de los perjuicios que está ocasionando la huelga a los usuarios de este servicio sanitario, el Gobierno canario ha decidido designar, mediante Decreto, a un árbitro que deberá elaborar un laudo de obligado cumplimiento para las partes. El plazo máximo con el que cuenta el árbitro elegido para esta tarea es de 10 días a partir de la notificación oficial.

La huelga de ambulancias comenzó el 18 de abril de 2007 con jornadas de paro intermitentes, agravándose la situación de los pacientes desde el 26 de mayo del mismo año al pasar a ser una huelga de carácter continuo e indefinido en el transporte de enfermos y accidentados en ambulancias en todos los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este conflicto colectivo afecta directamente al ejercicio del derecho a la salud en Canarias y está generando por ello notables repercusiones sociales y económicas a la sociedad canaria. Ante la constatación de la evidente gravedad de la situación, el Gobierno canario ha decidido obligar a las partes a concluir con este conflicto, designando a José Subirats Suegras como árbitro entre las partes.

Subirats es inspector de trabajo y seguridad laboral, miembro conciliador del Tribunal Laboral de Canarias y perfecto conocedor del asunto en cuestión, ya que ha asistido a varias reuniones de mediación propiciadas por la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Por todo ello, el Gobierno entiende que Subirats reúne un perfil profesional idóneo para ejercer de árbitro en el presente conflicto.

El laudo deberá solventar todas las cuestiones que se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga, actuando en cada una de ellas con equidad. El árbitro emitirá su decisión final tras escuchar a las dos partes en conflicto.

Pese a la designación del arbitraje obligatorio por el Gobierno canario, aún existe la posibilidad de que la huelga concluya con un acuerdo entre las partes, ya que la intervención del árbitro no impide a la patronal y los trabajadores continuar los intentos de diálogo para alcanzar una salida pactada al conflicto abierto.

Esta solución pactada será posible mientras el árbitro procede al análisis de la situación y la elaboración del laudo que, en el caso de que no exista acuerdo alguno en tiempo, impondrá a las partes las condiciones para la conclusión definitiva de este conflicto colectivo.